Desde 1999 a la fecha el Hospital Universitario del Valle ha sorteado diversas medidas impositivas del gobierno central, que la sometieron a dos reformas administrativas e incluso a un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, finalmente a la aplicación de la Ley 550 de 1999 que muy seguramente terminara conduciendo a esta importante institucional a su liquidación definitiva, tal como ha ocurrido en otras regiones del país.

En aplicación de las políticas neoliberales en el sector salud, los vallecaucanos han tenido que observar como las políticas de ajuste institucional ha afectado al más importante centro hospitalario del sur occidente del país, el Hospital Universitario del Valle que atiende a cerca de dos millones de habitantes. El centro hospitalario no ha escapado a la politiquería y corrupción, persistentemente denunciados por las organizaciones de los trabajadores, denuncias que han generado diversas investigaciones por parte de los organismos de vigilancia y control.

La profundización del modelo mercantilista y las erráticas decisiones de las distintas administraciones condujeron a la institución a una crisis económica profunda, mientras los intermediarios financieros de las EPS se enriquecen con los recursos de la salud, al hospital se le adeudan grandes sumas de dinero por la prestación de los servicios, y ahora pretenden salvarlo de la crisis incorporándolo a la Ley 550 de 1999, generando el despido de más de 600 trabajadores que serán reemplazados por nuevos trabajadores vinculados a través de distintas formas de intermediación laboral desconociendo los precedentes jurisprudenciales de los máximos tribunales que imparte justicia en el país.

Mientras el gobierno da todo tipo de garantías a las EPS y les concede un periodo de siete años para demostrar y alcanzar la suficiencia patrimonial para continuar funcionando, a los hospitales públicos se les condena a desaparecer ante las acumuladas deudas que los aseguradores mantienen con la red hospitalaria del país, todo con el beneplácito del gobierno nacional y los organismos de vigilancia y control con la Superintendencia Nacional de Salud.

Estas decisiones se complementan con las políticas gubernamentales de profundizar la entregar a los inversionistas y grupos financieros privados nacionales o extranjeros, las entidades y recursos públicos destinados a la prestación de los servicios de salud, el aseguramiento privado, la intermediación financiera con integración vertical, barreras de acceso, impuestas a través de la Política de Atención Integral en Salud -PAIS- e implementadas a través del Modelo Integral de Atención en Salud -MIAS- por lo que llamamos al conjunto de la población vallecaucana a rechazar las pretensiones gubernamentales, defender los recursos y entidades públicas, la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
A N T H O C

MARIA VICTORIA JIMENEZ SALAZAR
Secretaria de Solidaridad, Unidad Sindical y Social

Bogotá, Noviembre 2 de 2016