Si alguien es consciente de la crisis de la salud de este país, es el gobierno colombiano, sin embargo, su intención no es darle solución al problema, sencillamente porque los tentáculos de este monstruo de mil cabezas del cual es arte y parte únicamente le permiten jugar en la lógica del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es decir, en la lógica del mercado.

Durante veintitrés años el pueblo colombiano ha resistido el ataque más feroz que se la haya podido hacer a una sociedad, en una combinación de la estrategia para el aniquilamiento del derecho a la salud, por un lado el ataque sistemático a sangre y fuego contra quienes nos oponemos al robo continuado de los recursos de la salud y por el otro lado la embestida de normas jurídicas.

Cronología de una política normativa de marchitamiento de la salud

• En el año 1993, se expide la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, se definió tres objetivos principales: a) alcanzar una cobertura para toda la población mediante el aseguramiento en salud; b) aumentar la eficacia en el uso de los recursos; y c) mejorar la calidad de la atención con la aprobación y luego aplicación de esta ley se inicia el proceso de privatización de la salud y convirtió en millonarios a los negociantes de la misma.

• En el año 1996 se expidió la Ley 344 de 1996, Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Pastrana, “Cambio para construir la paz” en este se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, a través de la ley 344 de 1996 transformo el sistema de financiamiento del sistema de subsidios a la oferta por subsidios a la demanda, lo que  obligó a que el 60% del Situado Fiscal y el 60% de las Rentas Cedidas se retiraran de los presupuestos de los hospitales y pasaran a convertirse en subsidios a la demanda

A partir de la expedición de esta norma, lo que sucedió es que la población que tenía más recursos para atención en salud buscó clínicas privadas, lo cual dejó a los hospitales públicos con la atención de población subsidiada, o población que no estaba afiliada al sistema en ninguna de sus dos regímenes.

• En el año 2001 se expide la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias, según explica el profesor Andrés de Zubiría, que mientras en 2001 las transferencias representaban 46,5% de los ICN, con la reforma pasaron en 2006 a 37,2%^[1], además obligan a las entidades territoriales a la concurrencia de Convenios de Desempeño, para “salvar los hospitales públicos que estén en crisis” a través de falaces créditos condonables, que al final terminaron en intervenciones, liquidación y cierre y privatización de una gran cantidad de hospitales en Colombia, un ejemplo de ello es el extinto Hospital Universitario de Barranquilla, que fue sometido a un proceso de reestructuración y liquidación a través de un convenio de desempeño entre el departamento del atlántico y el gobierno nacional, en el año 2004, hoy la crisis carcome la necesidad de sus usuarios, lo que indica que el remedio fue peor que la enfermedad.

• Un año más tarde 2002, en el gobierno más nefasto para los intereses populares e ideólogo del negocio de la salud, se expide la Ley 508 Plan Nacional de Desarrollo, del gobierno Uribe I, “Hacia un estado comunitario”, cuya concepción es despojar al estado de su responsabilidad social de la prestación de los servicios públicos entre ellos el de la salud y entregarle el manejo a los particulares en un intenso proceso de privatización.

• En el mes de julio del año 2002, se expide el Documento Conpes 3175, que bajo el argumento mentiroso y perverso de que la participación de los gastos de personal se habían incrementado poniendo el riesgo el funcionamiento de los hospitales, el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, autorizaron a la Nación para contratar empréstitos externos, con destino a la financiación parcial de la primera fase del proyecto de “modernización” de redes de prestación de servicios de salud, recursos que sirvieron para dejar despedir trabajadores y suprimir servicios de salud.

• Más de lo mismo, en el año 2006, el gobierno de Uribe II, expide el Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: desarrollo para todos”, se profundiza el modelo de privatización de la salud,  ese mismo año esta vez, en el mes de noviembre a través de documento Conpes 3204, se autoriza al gobierno central para hacer más empréstitos externos con destino a la financiación del proyecto de “modernización” de la red pública de prestación de servicios de salud, pero sus reales intereses privatizadores los muestran cuando en el mismo documento recomiendan “diseñar e implementar una política de estímulos a la inversión privada para la modernización de la red pública de prestación de servicios”^[2], hoy podemos observar que en el país hay aproximadamente 950 de hospitales públicos, los demás se han cerrado o están en manos de operadores privados.

• Producto de las presiones políticas de diversos sectores se impulsó una reforma a la Ley 100 justificada por sus limitaciones en la garantía del derecho a la salud y los efectos negativos de esta situación, la cual quedó normada en la Ley 1122 de 2007, reforma que mantuvo el modelo de aseguramiento e intermediación, sin generar cambios estructurales del modelo de salud y por lo tanto no contribuyó a resolver los problemas evidenciados, ni fu ni fa

• Ley 1438 del 19 de enero de 2011, “solución estructural", según Juan Manuel Santos, con esta reforma se solucionaba de fondo la crisis de la salud… conservó el modelo con competencia regulada. Es decir, la compleja combinación de Estado y mercado que estableció la Ley 100 de 1993, con dos regímenes, según la capacidad de pago de las personas^[3].

• Ley 1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”. Producto de la presión social de sectores académicos, sindicales, ciudadanos, estudiantiles y trabajadores el gobierno nacional, firmo esta ley, si bien es cierto que esta ley, es un logro de la sociedad civil organizada, contiene algunos avances, en la actualidad hay una oportunidad para impulsar el derecho a la salud a la luz de esta ley que plantea la salud como un derecho fundamental y al Estado como el garante de la misma.

“Sin embargo, la postura del Ministerio de Salud, de manera tramposa y amañada ha sido reglamentar la ley vía decretos y ordenamientos que limitan y restringen el alcance del derecho, además es claro que, la Ley Estatutaria no tocó la estructura operativa y sostiene la intermediación y el negocio”^[4].

Para ejecutar la fase superior del neoliberalismo en el Sector Salud, el flamante NOBEL DE PAZ, don “Juanma”, expide normas que aniquilan de fondo lo que queda de la Red Pública Hospitalaria y de relación laboral legal y reglamentaria.

El día 17 de febrero de 2016, su ministro de la Salud y la protección Social, doctor: Alejandro Gaviria Uribe, expidió la resolución 000429, a través de la cual se adopta la Política de Atención Integral de Salud – PAIS, que se desarrollará mediante un marco estratégico y uno operacional que es el Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS.

Entonces frente a esta norma o invento la pregunta obligada es: ¿Son la Política de Atención Integral en Salud -PAIS- y el Modelo Integral de Atención en Salud -MIAS- la solución a la crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud? O es la Ejecución de la Fase Superior del Modelo Neoliberal en el Sistema General de Seguridad Social en Salud?

No tenemos la menor duda que tanto la Política Integral de Atención en Salud -PAIS- y el Modelo de Atención Integral en Salud -MIAS- no tiene cambios de fondo, aquí lo que se trata es de hacer un reciclaje de lo que hemos visto durante todos esto años atrás, porque aquí el interés es jugar a la lógica del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es decir, a la lógica mercantilista que tiene el modelo de salud, lo cual profundizara los problemas de este derecho fundamental de los colombiano, como Ejecución de la Fase Superior del Modelo Neoliberal en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Mientras tanto los trabajadores del Sector Salud, fundamentalmente los afiliados a ANTHOC, que suponemos tenemos mayor conciencia de clase tenemos que actuar en defensa del este sector.

• Primero que todo debemos empoderarnos del modelo de salud alternativo que se construyó socialmente para ponerlo en la cúspide de la discusión social, para ello es necesario aumentar la fortaleza espiritual en el tema de la salud como derecho humano fundamental, para cerrar filas al modelo de salud excluyente del gobierno nacional.

• Demostrar nuestro compromiso social y político defendiendo la política pública de la salud en beneficio de la población colombiana.

• Recuperar la dinámica de discusión y pelea que nos caracterizó como organización sindical por muchos años y no permitir la inmovilidad en que nos encontramos.

• Generar mayor coordinación regional de las seccionales en defensa del sector salud, de tal manera podamos oxigenar a la cabeza de la organización.

• Mantener la dinámica de la elaboración y presentación de denuncias nacionales e internacionales de la violación de los derechos en materia de Seguridad Social en Salud.

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS HAGAMOS DE ESTE AÑO, EL AÑO DE LA RETOMA DE LAS LUCHAS EN DEFENSA DE LA SALUD DEL PUEBLO COLOMBIANO
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^[1] _{Zubiría Andrés, Ensayo - Análisis crítico del proyecto gubernamental de reforma al SGP} -2001
^[2] _{Documento Conpes – 3204 de noviembre 6 de 2002}
^{[3] _{Hernández Mario. Ley de salud ¿más de lo mismo? En - www.razonpublica.com}
[4] _{Relatoría Reunión Bogotá – Encuentro de Sectores Sociales por la Defesan del Derecho a la Salud – abril 16 de 2016}}