{image}http://eldia.co/images/stories/141011/002.jpg{/image}La evacuación de servicios médicos de la sede Limonar del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, muestra la desidia del gobierno nacional y departamental, el Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Salud hacia la red hospitalaria pública del país, donde se busca su liquidación total.

Nelcy Gómez, presidente de ANTHOC-Tolima, manifestó que la situación del Hospital Federico Lleras es dramática porque el personal médico está renunciando, la planta de personal se ha reajustado  en las áreas de oncología, ginecología, quirófano, igualmente han sido liquidadas varias enfermeras e instrumentadoras.

Actualmente, se le adeuda a los trabajadores 5 meses de salarios, se viene contratando personal a través de Ordenes de Prestación de Servicios (OPS), profundizando la tercerización laboral y la deuda con el hospital asciende a 100 mil millones de pesos, los cuales son adeudaos por el gobierno nacional, las Empresas Promotoras de salud (EPS) y el Fosyga, aseveró Nelcy Gómez.

En estos momentos, el personal médico del Federico Lleras  se encuentra laborando con elementos muy precarios, medicamentos recortados, es decir, se  están prestando los servicios de salud con las condiciones mínimas porque las autoridades locales y nacionales no quieren garantizar los derechos fundamentales de la población.

ANTHOC- Tolima está preocupado por la situación crítica del Hospital Federico Lleras porque en cualquier momento la Superintendencia de Salud o el gobernador pueden intervenir la institución y buscar su liquidación o para dar prebendas políticas.

Si el gobierno nacional continua con sus pretensiones de profundizar la ley 100 de 1993 como eje motor del sistema de seguridad social colombiano, en vez de reestructurarla, toda la red hospitalaria del país ira a la quiebra donde los trabajadores y la población en general serán los únicos perdedores, mientras los intermediarios como las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y los fondos de pensiones se enriquecerán con los recursos destinados a garantizar un derecho fundamental.

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