Desde la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 la atención médica y el acceso al servicio de salud en cualquier nivel se ha convertido una odisea, la crisis que vive el país por culpa de la mala planeación y el ingreso de capital privado en la administración de un derecho que debería ser fundamental, universal y gratuito. Las organizaciones sociales y sindicales siguen demostrando el fracaso del sistema, esta vez es el departamento del Atlántico que tristemente demuestra las enormes grietas que posee el sistema.
En diálogo con Fabián Palacios, miembro de la Junta directiva de ANTHOC, nos explicó que en el municipio de Tubará los habitantes y las asociaciones de usuarios denuncian que los recursos del hospital del 2011 fueron a parar en manos del ex alcalde municipal, por esto se conformó un comité de veeduría ciudadana que realizó la denuncia pública ante los entes de control para que sean devueltos los cerca de 140 millones de pesos que desaparecieron de la salud.
Cabe recordar que a estos casos de corrupción se suman a la lista de instituciones intervenidas por la superintendencia de Salud entre los que se encuentran Puerto Colombia, Barranquilla etc. Casos donde la intervención del estado no ha sido contundente lo que no permite que salgan de la crisis sino que por el contrario cada día tienda a empeorar dicha situación.
La situación de los trabajadores es la peor que se ha vivido en los últimos años pues aúnse les adeuda en muchos casos entre tres y cuatro meses de salario. La crisis también se refleja en la atención al usuario pues hasta el momento no hay disponibilidad de los instrumentos técnicos con que atender muchas de las emergencias, concluyó Palacios.
Las organizaciones sociales y sindicales seguirán denunciando a nivel nacional e internacional el abandono estatal que se vive en la región Caribe, pero también programa nuevas movilizaciones en la región como la que se llevará en el departamento el próximo 5 de diciembre por el trabajo digno.
