“Las clínicas privadas podrían considerar esa opción, pues ellas son entidades que tienen libertad de invertir los recursos. Pero la deuda que tiene con los hospitales públicos, no la pueden pagar con acciones. Los recursos de los hospitales tienen destinación específica. Están dirigidos a garantizar exclusivamente el servicio a la población y de ninguna manera pueden convertirse en recursos financieros. Nosotros consideramos no es para nada conveniente”, manifestó Yesid Camacho, Fiscal de Anthoc Bogotá.
Habría que tener en cuenta que si el negocio es tan malo como lo aseguran las EPS, lo que quiere Coomeva es que los hospitales y las clínicas le tiren un salvavidas para evitar una inminente liquidación; y, en general, que estos entren así a asumir las pérdidas de las EPS. Ese es un riesgo muy grande, lo asumió Bogotá con la creación de la EPS Capital Salud, cuando le tiró un salvavidas a Salud Total, y terminaron quebradas ambas empresas.
Camacho afirma que detrás de este interés de Coomeva se esconde la verdadera realidad de las EPS en Colombia. “Estamos radicando al Superintendente de Salud un derecho de petición, para que nos conteste oficialmente cuál es el estado de solvencia de cada una de las EPS. Una vez se tenga esta respuesta, porque extraoficialmente se sabe y además hay un informe de la Contraloría donde se demuestra que el 95% de las EPS están en insolvencia patrimonial, procederemos a hacerle la petición al Superintendente para declare el estado de insolvencia patrimonial”.
La propuesta de Anthoc al gobierno nacional para salvar el sector salud en Colombia inicia con la modificación de fondo de la ley y que, transitoriamente por un año, las Secretarías de Salud se hagan cargo del manejo del régimen subsidiado. Entonces, definir una propuesta de estructura de afiliación en cada uno de los departamentos, mediante la construcción de empresas asociativas de entidades públicas; en estas serían socios todos los municipios, el departamento y los hospitales. Adicionalmente, se tendría una vigilancia comunitaria, de la que debe hacer parte un representante de la comunidad por cada municipio, designado por elección popular.
