Es inimaginable la angustia que siente un paciente y sus familiares cuando un hospital retiene a una persona porque no ha pagado el dinero correspondiente a su tratamiento, pero este es el costo que se paga en Colombia por estar ceñidos a un sistema donde priman las ganancias de las EPS sobre el derecho fundamental a la salud. Hay que aclarar que estos actos son un atropello a la libertad de circulación, pues las instituciones de salud no tienen autoridad legal para detener a las personas, lo que se configuraría en un delito. El trámite adecuado para esta situación es llegar a un acuerdo de pago entre el hospital y los familiares del paciente.
El caso más reciente le ocurrió a Eduardo Barrero quien luego de ser atendido en el hospital de Kennedy, como su familia no tenía recursos para pagar la deuda que es cercana a los 2 millones de pesos sin contar que el sistema de salud no protege a la población vulnerable, fue retenido a pesar de que la legislación colombiana obliga a que se realicen programas de financiación cuando ocurren estos casos.
“En caso de que esto suceda es importante que se denuncie nacionalmente ante la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, para que las autoridades competentes medien y se pueda lograr un acuerdo”, explicó María del Carmen Mayuza, Secretaria General de ANTHOC Nacional.
