La suspensión de la bonificación por servicios prestados significa una pérdida de capacidad adquisitiva inmensa para las familias de los trabajadores, debido a que esta hace parte del componente salarial, lo que significa además disminuirá los aportes en cesantías y en pensión.
“Anthoc subdirectiva Cundinamarca, junto con la CUT, presentaron una querella dirigida al Secretario de Salud del departamento señalando que la suspensión de la bonificación de los trabajadores significaba un grave agresión a las garantías de laborales, pero además que es legalmente invalido eliminar este tipo de incentivos a través de circulares, debido a que en la jurisprudencia estos beneficios fueron confirmados a través de conceptos de la función pública ratificadas por el Consejo de Estado”, explicó Francisco Carrillo, fiscal de ANTHOC Cundinamarca.
Son cerca de 3.000 trabajadores que verán disminuido en un 50% sus aportes a cesantías y a pensión, lo que violaría la legislación actual que especifica que a los trabajadores oficiales que están vinculados al estado desde antes de 1990 no se les puede realizar ningún tipo de disminución salarial.
