{image}http://eldia.com.co/images/stories/190413/006.jpg{/image}La reforma a la salud que propone el gobierno sigue siendo una Ley 100 reformada, es decir, por más que se hable de modificaciones, la estructura del sistema será igual solo que con algo de ‘maquillaje’.

El gobierno presentó un proyecto de ley ordinaria que busca refundar el sistema de salud en Colombia, supuestamente para superar la crisis que vive el país desde la reglamentación de la Ley 100 en 1993. Le crisis en salud es una realidad con EPS investigadas, funcionarios encarcelados y pacientes muriendo. En Bogotá se hace más palpable y ya ha tocado fondo.

Román Vega Romero, ex Secretario de Salud del Distrito durante la administración de Lucho Garzón, ha sido un duro crítico del sistema de salud colombiano, incluso en su gestión. Hoy manifiesta su desacuerdo con los postulados de la reforma, “en el análisis que hacemos desde los sectores académicos, los movimientos sociales, los usuarios de los servicios y fuerzas políticas, consideramos que no va a cambiar de fondo nada de la lógica que tiene la Ley 100. Para decirlo de manera muy clara, ese proyecto busca mantener el negocio de la salud. Apunta a hacer unos retoques especialmente en aquellos aspectos que más han chocado en la opinión pública, sobre la nefasta experiencia de haber mercantilizado la salud pública en Colombia”.

¿Cuáles son esos retoques? El más significativo es que el Estado, a través de un fondo, manejará los recursos de la salud y pagará directamente los servicios, quitándole esa responsabilidad a las EPS. De esta manera intenta controlar los recursos, pero no asegura que se les dé un manejo responsable.

En segundo lugar, cambiará el nombre de las EPS por uno nuevo: Gestores de Salud. Así, los intermediarios mantendrían el control del acceso de los afiliados que estén a su cargo a los servicios de salud; lo cual es mantener el poder de las EPS pero en otro cuerpo.

Adicionalmente, a esos Gestores se les da el incentivo de obtener rentabilidad económica del fondo público sobre el avance de la reducción de los gastos en salud. Con lo cual, estos conservarían la misma conducta de introducir barreras de acceso de la población a los servicios, porque esa es la forma en que ellos generan rentabilidad y utilidades económicas. En otras palabras, “mientras menos gastan, más ganan, pero sufre más el pueblo colombiano”, dice Vega Romero.

Y remata contundente: “Rechazamos rotundamente el carácter de esta reforma. Creemos que no hay ningún avance. Y si seguimos examinando los demás componentes, veremos que se trata de más de lo mismo”.