{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/260608/2.jpg{/image}Una menor de tan solo cinco años fue víctima de abuso sexual, producto de ello fue contagiada con una enfermedad venérea. La EPS Comfamiliar del departamento del Huila, negó los medicamentos que la niña requiere con urgencia para el tratamiento.
La niña fue remitida a la Empresa Social del Estado (ESE), de San Sebastián para determinar la sospecha de abuso sexual, los resultados determinaron contagio por enfermedad de transmisión sexual, la cual según parte médico, se trasmite por contacto directo.
El médico que atendió a la menor, dictaminó Neisseria Gonorrhoer, más conocida como gonorrea. Formuló Azitromicina y Clindamicina cuya prescripción se entrego a la EPS. Los funcionarios de la entidad prestadora de salud Comfamiliar, argumentan que los medicamentos prescritos para la menor no se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), negando categóricamente su entrega.
El padre de la menor, no tuvo más alternativa que requerir ayuda a la Personería Municipal, que bajo su asesoría procedió a instaurar la respectiva acción de tutela en la que se vulneran el derecho a la vida, la salud y la seguridad social. Dicha tutela fue fallada el pasado 12 de junio por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de La Plata, municipio del Huila, en la que se ordena a la EPS-S Comfamilia, atender de manera integral la enfermedad que padece la menor en la actualidad.
El caso no termina ahí, pese al fallo a favor de la atención integral de la menor, la EPS se niega a practicarle los exámenes ordenados, entre los que se encuentra un frotis vaginal.
Por éste hecho negligente y de violación de derechos, el juzgado que asumió el caso, envió copia de la tutela y su fallo correspondiente a la Superintendencia de Salud en Bogotá, con el fin de que se abra una investigación por la diligencia de la EPS Comfamiliar.
Carlos Fernando Hurtado, personero municipal, calificó de absurdo el hecho señalando que “desafortunadamente este es uno de una lista interminable de casos que confirman que el sistema de salud de nuestro país hace valer más la parte económica y meramente mercantil que los derechos constitucionales que deben ser atendidos con mayor esmero si se trata de un niño”, pronunció el funcionario.
Este caso ya fue dado a conocer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Fiscalía local, la cual a su vez inició la respectiva investigación con el fin de determinar responsabilidades por el delito de abuso sexual en la menor.
El médico que atendió a la menor, dictaminó Neisseria Gonorrhoer, más conocida como gonorrea. Formuló Azitromicina y Clindamicina cuya prescripción se entrego a la EPS. Los funcionarios de la entidad prestadora de salud Comfamiliar, argumentan que los medicamentos prescritos para la menor no se encuentran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), negando categóricamente su entrega.
El padre de la menor, no tuvo más alternativa que requerir ayuda a la Personería Municipal, que bajo su asesoría procedió a instaurar la respectiva acción de tutela en la que se vulneran el derecho a la vida, la salud y la seguridad social. Dicha tutela fue fallada el pasado 12 de junio por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de La Plata, municipio del Huila, en la que se ordena a la EPS-S Comfamilia, atender de manera integral la enfermedad que padece la menor en la actualidad.
El caso no termina ahí, pese al fallo a favor de la atención integral de la menor, la EPS se niega a practicarle los exámenes ordenados, entre los que se encuentra un frotis vaginal.
Por éste hecho negligente y de violación de derechos, el juzgado que asumió el caso, envió copia de la tutela y su fallo correspondiente a la Superintendencia de Salud en Bogotá, con el fin de que se abra una investigación por la diligencia de la EPS Comfamiliar.
Carlos Fernando Hurtado, personero municipal, calificó de absurdo el hecho señalando que “desafortunadamente este es uno de una lista interminable de casos que confirman que el sistema de salud de nuestro país hace valer más la parte económica y meramente mercantil que los derechos constitucionales que deben ser atendidos con mayor esmero si se trata de un niño”, pronunció el funcionario.
Este caso ya fue dado a conocer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Fiscalía local, la cual a su vez inició la respectiva investigación con el fin de determinar responsabilidades por el delito de abuso sexual en la menor.
