{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/260808/maya.jpg{/image}En la última semana la procuraduría general de la nación y la corte constitucional, declararon su alarma ante el estado de salud de los colombianos. El procurador Maya, afirmó ante la fuerza de los hechos, que la salud en Colombia presenta un estado de cosas contrario a la constitución de 1991. Edgardo Maya lanzó una declaratoria de emergencia, e instó a la corte constitucional a intervenir el sistema nacional de salud.
La acción de tutela, como mecanismo dado a los ciudadanos para hacer cumplir y llenar progresivamente de contenidos los derechos fundamentales, ha sido el caballo de batalla de miles de usuarios del sistema de salud, que al recibir reiteradas negativas de parte de las EPS, han tenido que recurrir a la burocracia judicial para hacer realidad el derecho a la salud.
La declaratoria de emergencia le permitiría al alto tribunal exigir y verificar, de manera sistemática y ordenada, "el cumplimiento efectivo y oportuno de las obligaciones que el Estado y los particulares que prestan ese servicio público, tienen con la sociedad", según afirmó el procurador. El concepto de Maya, está sustentado en El informe 'El derecho a la salud en perspectiva de derechos humanos', realizado por el ente de control, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y la Agencia Catalana para la Cooperación y el Desarrollo. Para la procuradora delegada Patricia Linares, "El sistema de salud colombiano está soportado sobre estructuras económicas y no sobre un marco de derechos, lo que lo convierte en inequitativo y excluyente".
Es justamente el punto que deja ver la contradicción entre una serie de derechos que se fundamentan en la dignidad humana, que son inalienables e imprescriptibles, que han sido fruto de luchas de generaciones enteras, vistos por otro lado como bienes transables, susceptibles a intermediaciones de tipo financiero y clientelar. La discusión en la que no hay acción ni pensamiento unificado por parte del estado, es bien compleja: ¿qué es la salud? ¿Cómo la estamos entendiendo?
El criterio de universalidad como fundamento de los derechos humanos, entra abiertamente en contradicción con el sistema nacional de salud, al existir las distancias entre los Planes Obligatorios de Salud contributivo y subsidiado. En palabras llanas, las restricciones de los planes obligatorios para los usuarios del SISBEN, la exclusión que esto genera, deviene en dos o tres categorías de ciudadanos, los que consumen y pagan; los que consumen y no pagan, y si acaso reciben ibuprofeno y los que ni consumen, ni pagan… la igualdad que tenemos los colombianos resulta ser otra quimera, que sostiene abiertamente un sistema de salud que privatiza las ganancias y socializa las perdidas.
La corte constitucional se pronunció con una sentencia unificada, que será objeto de debates públicos, de un tira y afloje institucional entre la alta corporación y el ministerio de protección social. Los mandatos de esta sentencia seguramente levantarán ampolla entre los economistas y mercaderes de la salud.
La declaratoria de emergencia le permitiría al alto tribunal exigir y verificar, de manera sistemática y ordenada, "el cumplimiento efectivo y oportuno de las obligaciones que el Estado y los particulares que prestan ese servicio público, tienen con la sociedad", según afirmó el procurador. El concepto de Maya, está sustentado en El informe 'El derecho a la salud en perspectiva de derechos humanos', realizado por el ente de control, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y la Agencia Catalana para la Cooperación y el Desarrollo. Para la procuradora delegada Patricia Linares, "El sistema de salud colombiano está soportado sobre estructuras económicas y no sobre un marco de derechos, lo que lo convierte en inequitativo y excluyente".
Es justamente el punto que deja ver la contradicción entre una serie de derechos que se fundamentan en la dignidad humana, que son inalienables e imprescriptibles, que han sido fruto de luchas de generaciones enteras, vistos por otro lado como bienes transables, susceptibles a intermediaciones de tipo financiero y clientelar. La discusión en la que no hay acción ni pensamiento unificado por parte del estado, es bien compleja: ¿qué es la salud? ¿Cómo la estamos entendiendo?
El criterio de universalidad como fundamento de los derechos humanos, entra abiertamente en contradicción con el sistema nacional de salud, al existir las distancias entre los Planes Obligatorios de Salud contributivo y subsidiado. En palabras llanas, las restricciones de los planes obligatorios para los usuarios del SISBEN, la exclusión que esto genera, deviene en dos o tres categorías de ciudadanos, los que consumen y pagan; los que consumen y no pagan, y si acaso reciben ibuprofeno y los que ni consumen, ni pagan… la igualdad que tenemos los colombianos resulta ser otra quimera, que sostiene abiertamente un sistema de salud que privatiza las ganancias y socializa las perdidas.
La corte constitucional se pronunció con una sentencia unificada, que será objeto de debates públicos, de un tira y afloje institucional entre la alta corporación y el ministerio de protección social. Los mandatos de esta sentencia seguramente levantarán ampolla entre los economistas y mercaderes de la salud.
