{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/230908/urbaser.jpg{/image}En los últimos meses habitantes de zonas vulnerables urbanas han visto en sus barrios la disposición irresponsable de residuos hospitalarios de alto riesgo. Sin embargo en Cartagena los usuarios de estratos 1 y 2 han recibido sus facturas de aseo con un incremento de 45%.
La constitución consagra como servicio público a cargo del estado, la salud y el saneamiento ambiental. Cuando el estado descentralizado otorga en concesión la prestación de un servicio público básico, que se encuentra en conexidad con la salud y la dignidad humana, este tiene la obligación de vigilarlo y controlarlo.
A pesar de ello la vigilancia y el control por parte del estado, ha sido excepcional. Miles de casos sobre negligencia, omisión y abusos por parte de los concesionarios, son historias cotidianas relatadas por ciudadanos en las filas de los bancos, de las instituciones públicas, en los ascensores.
La superintendencia de servicios públicos domiciliarios tiene como misión vigilar y controlar la prestación de servicios públicos, proteger la competencia y los derechos de los usuarios. El desconocimiento por parte de los ciudadanos acerca del control que pueden ejercer sobre concesionarios privados que prestan un servicio público, ha permitido casos como el de Cartagena, en donde la nueva tabla tarifaria perjudico directamente a los habitantes de los estratos 1, 2 y 3 presentando una reducción del 6% en la facturación de estrato 5.
A pesar de ello la vigilancia y el control por parte del estado, ha sido excepcional. Miles de casos sobre negligencia, omisión y abusos por parte de los concesionarios, son historias cotidianas relatadas por ciudadanos en las filas de los bancos, de las instituciones públicas, en los ascensores.
La superintendencia de servicios públicos domiciliarios tiene como misión vigilar y controlar la prestación de servicios públicos, proteger la competencia y los derechos de los usuarios. El desconocimiento por parte de los ciudadanos acerca del control que pueden ejercer sobre concesionarios privados que prestan un servicio público, ha permitido casos como el de Cartagena, en donde la nueva tabla tarifaria perjudico directamente a los habitantes de los estratos 1, 2 y 3 presentando una reducción del 6% en la facturación de estrato 5.
El contralor Turbay aseguró “Ese mayor valor que se les cobró ha venido afectando a los usuarios y podría estar causando presunto daño patrimonial al Estado”, indicando que las variaciones fueron muy altas, en enero de 2007 fueron de 45,47 por ciento para el estrato 1, 55,03% para el estrato 2; 44,07% para el estrato 3 y 50,12% para el estrato 4.
El consorcio Urbaser incrementó en un valor de $2.322 millones las tarifas a los usuarios cartageneros en 2007, aplicando un régimen tarifario que no le correspondía.
El contralor también hizo un llamado a la superintendencia para que ponga en cintura las tarifas y a la empresa. Turbay Quintero hizo también el llamado al ministro de Ambiente, Juan Lozano , al procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, y el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básica (CRA), José Francisco Manjarrés Iglesias.
Urbaser es una multinacional española con sede en Madrid. Presta servicios ambientales en Argentina, Chile, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Cuenta con más de 32.000 empleados especializados en medioambiente. Presta su servicio a más de cincuenta millones de habitantes.
En junio de este año, los trabajadores de Urbaser en España llevaron a cabo una huelga, buscando que la empresa ponga fin a la precariedad laboral. Sus principales reivindicaciones fueron la actualización y revisión salarial de 2008, ayuda escolar, garantías laborales y derechos sindicales.
En el año 2007 Urbaser generó un volumen de negocio de 1328 millones de euros. Estamos hablando de cerca de $3.984.000.000. Con el modesto aporte de la política de confianza inversionista y a costa del incremento tarifario de los estratos 1, 2 y 3.
