La Superintendencia Nacional de Salud y el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, abrirá investigación al Hospital San Ignacio y a la EPS Compensar  por negarse a realizar un aborto legal.

 

Migdony Bernal, es la mujer a la que le negaron la intervención legal de aborto, después de haber detectado por medio de ecografías y exámenes especializados que el feto tenía serias malformaciones que podían comprometer la vida de la gestante.

La Procuraduría abrió las investigaciones pertinentes del caso, ya que el argumento de las instituciones, por haberse negado a realizar el procedimiento son estrictamente religiosas. La "objeción de conciencia" es uno de los argumentos que no están previstos en la Sentencia de la Corte Constitucional para oponerse a la práctica legal del aborto.
 
Aroldo Wilson Quiroz,  Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Familia, le solicitó al sector de la salud en pleno, dar cumplimiento al decreto 4444 de 2006 y a la sentencia C-355/06 que establece las formas de aborto legal en el país; para que comuniquen adecuadamente a las mujeres y las niñas sobre su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la forma de acceder al servicio en caso de ser necesario.

Quiroz, aseguró “que se vienen presentando una serie de barreras que impiden el cumplimiento de la sentencia y su reglamentación, y que vulneran los derechos de las mujeres, revictimizándolas por querer ejercer su libre ejercicio del derecho al aborto legal y seguro”.

EL Procurador Delegado ha manifestado al Ministerio de la Protección Social, que informe y difunda todo lo relacionado a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, así como las barreras de acceso indefinidas y las acciones efectuadas para suspenderlas, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia C-355 del 2006.