{image}http://eldia.co/images/stories/221210/001.jpg{/image}La situación de los trabajadores de la salud en el Hospital Universitario Mayor Mederi de Bogotá,  anteriormente Clínica San Pedro Claver es dramática, aparte de ser contratados por cooperativas de trabajo, donde se les descuenta por derecha parte de su remuneración salarial, también se les impide el derecho de asociación.

El pasado 16 de noviembre, l80 trabajadores del Hospital  Mederi, fundaron el sindicato UNTSALUD, obteniendo como respuesta el despido inmediato de 4 asociados, lo cual  llevó a demandar  jurídicamente a la institución de Salud, donde las autoridades competentes fallaron a favor de los trabajadores y ordenó su inmediato reintegro, sentencia que aun no se ha cumplido.

Olga Idiazábal, vicepresidenta de UNTSALUD, manifestó que el Hospital contrata su personal de planta a través de la Cooperativa “Cuidados Profesionales”, los cuales hacen los respectivos aportes de seguridad social  de  sus trabajadores en base al salario mínimo, pero los descuentos respectivos se hace sobre sus sueldos reales.

Igualmente, la Cooperativa no reconoce  las incapacidades médicas de los  trabajadores,  y hace deducciones de forma ilegal de los salarios  por concepto de Pólizas a diferentes EPS, las cuales no cubren  tratamientos o medicamentos de salud no autorizados por la ley, aseveró Olga Idiazábal.

De igual manera, la planta directiva de la clínica atemoriza a los trabajadores sindicalizados de manera laboral, incluso la Enfermera Jefe Ángela Jiménez maltrató físicamente a una enfermera auxiliar para impedirle el acceso a las instalaciones de trabajo.

Entre las reivindicaciones exigidas por UNTSALUD se encuentran un sueldo digno, estabilidad laboral, prestaciones de ley, no acoso laboral, pago de las incapacidades medicas,   contratación directa, entre otras.

Los trabajadores del Hospital Mederi han hecho la denuncia de los atropellos sufridos por la administración y la Cooperativa “Cuidados Profesionales” ante el Ministerio de Protección Social, La Superintendencia de Economía Solidaria y la Defensoría de Derechos Humanos, y espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.