{image}http://eldia.co/images/stories/240511/003.jpg{/image}La doble afiliación fue otra de las estrategias utilizadas por los corruptos del sector salud para engrosar sus cuentas a costa de la vida de los afiliados.

Según  Yesid Camacho, presidente nacional de ANTHOC,  los “escándalos” que los medios de comunicación han develado, y que el gobierno nacional se ha encargado de publicitar con hipócrita encono, ya habían sido denunciado desde el 2002 en diferentes debates en el Congreso de la República.

Las indagaciones realizadas y denunciadas en su tiempo estimaban que cerca del 33 % de las afiliaciones del régimen subsidiado eran falsas, bien por que se trataba de doble afiliación, por que figuraban afiliadas personas fallecidas, o por que se daba el traslado del régimen subsidiado al régimen contributivo bajo modalidades engañosas.

El negocio para las EPS consiste en el recobro que realizan al Fondo de Solidaridad y Garantía- Fosyga, por lo pacientes, y su núcleo familiar,   que “migran” del régimen subsidiado al contributivo.

Para lograr la migración  las EPS, por medio de agentes comerciales, le aseguran a los usuarios que tanto el pago de la afiliación como la cotización será cubierta por el Estado. También “incentivan” la  afiliación con promesas de becas de estudio, electrodomésticos, juguetes o artículos del hogar. Una vez  realizado el cambio de régimen, la EPS paga la cotización del afiliado, quien se registra con ingreso del salario mínimo, pagando cerca de $64.000 pesos mensuales.

Posteriormente la EPS reporta los datos del nuevo afiliado al Fosyga quien a través de la subcuenta de compensación le devuelve a la EPS una prima por cada afiliado, y sus respectivos beneficiarios. Dicha prima en la actualidad es de $500.583 pesos.

El hambre de las EPS no cesa allí. Según se ha conocido las EPS incurren en prácticas como la demora en la entrega de carnets, u otras estrategias como el no reporte del traslado, con el fin de no prestar el servicio de salud. Es decir, se llevan la plata y no prestan el servicio.

En 2002 el monto de la estafa costaba cerca de 1 Billón 500 mil millones de pesos, actualmente  se calcula que el costo debe ser de cerca de 4 billones de pesos al año, según estimaciones de Camacho quien también afirma que las investigaciones actuales en materia de corrupción del sector, si bien son logros importantes, se presentan como  una cortina de humo del Estado para desdibujar la  responsabilidad que  lo funcionarios de entonces les cabe, entre ellos el entonces ministro de hacienda y actual Presidente de la república.

La participación de recursos de las EPS  en el  financiamiento de campañas electores, generó  fuertes lazos  que hacen que los legisladores ejerzan en función de los intereses de las compañías y no del pueblo colombiano.

Finalmente Camacho sugiere que la Corte Constitucional  debería declarar inconstitucional el funcionamiento del  sector salud en Colombia, así como  ordenar al gobierno  nacional  y al Congreso,  que de lugar a la implementación de un sistema de salud sin negociantes intermediarios que beneficie, y no se lucre, del derecho a la salud de los colombianos.