{image}http://eldia.co/images/stories/070611/002.jpg{/image}La reestructuración adelantada en el Hospital San Rafael ubicado en el municipio de Fusagasuga, ha profundizado la crisis laboral, lo cual se refleja en el deterioro de la prestación del servicio de salud.
La política de reestructuración adelantada por la administración del hospital, siguiendo las directrices del Gobernador de Cundinamarca Andrés Gonzales, y de la secretaria de Salud Soraya López, deja como saldo el despido de más de 100 trabajadores y la deficiencia en el servicio a mas de 100 mil usuarios.
Según Francisco Carrillo, Fiscal de ANTHOC Seccional Cundinamarca, la estrategia implementada por la administración se ha caracterizado por la división de los trabajadores y el manejo mediático de la información. Quizá los únicos beneficiados han sido los médicos especialistas quienes de costarle inicialmente al hospital 7 millones de pesos ahora le cuestan 15 millones, aumentando notoriamente sus ingresos.
El resto de personal, médicos generales, enfermeras, auxiliares de enfermería, secretarias y personal de servicios generales, han sido obligados a contratar por cooperativas de trabajo asociado, profundizando el problema de la intermediación en contratación, pauperizando las condiciones laborales y disminuyendo el salario al tener que asumir los pagos de seguridad social y riesgos profesionales por parte del empleado.
A razón de esto la prestación del servicio se ha desmejorado notoriamente: La demora en la asignación de citas, la falta de médicos y especialistas para atender los requerimientos de los usuarios, y la falta de recursos para atender a los enfermos son la constante en estos tiempos en el hospital.
Sin embargo la organización de usuarios ha estado al tanto de la problemática y ha mostrado respaldo a las acciones adelantadas por Anthoc, pues entiende que la problemática laboral no es ajena a la problemática de los usuarios, generando problemas en la atención y el aumento de costos para los mismos.
Es claro que lo que pretende tanto la reestructuración, como el gobierno nacional y departamental, es seguir con el negocio de la intermediación en salud, lo cual debilita notoriamente el cumplimiento del derecho fundamental.
