El ministerio de la protección social anunció mediante decreto que las empresas de 10 a 20 trabajadores tendrán que realizar los pagos a partir de hoy 2 de mayo; por medio de la PILA. Los trabajadores independientes lo harán desde el 1 de julio. Pese a la improvisación que ha demostrado desde su entrada en vigencia, los aplazamientos fueron constantes ya que los operadores y los trabajadores no estaban preparados para el cambio. Un proyecto de ley presentado por el Gobierno, en el que se pretendía que los trabajadores independientes con ingresos mensuales de alrededor de un salario mínimo solo pagarán salud y no pensión.
La preocupación radicaba en que sí se imponía el pago de pensión, existiría una desafiliación masiva de aproximadamente 400 mil cotizantes que no poseen los recursos para asumir aportes pensiónales. La ley se aprobó con beneficios para los pensionados y el gobierno la objetó en enero pasado, sin importar las consecuencias.
Carlos Jórge Rodríguez viceministro Técnico, explicó la improvisación del proyecto y argumentó que no ha sido falta de planificación sino que “el mecanismo de plantilla asistida, al cual los operadores y el Ministerio le están dedicando esfuerzos en cuanto a su difusión para que sea asimilado por las personas que tengan que hacer uso de él, y su ingreso al sistema electrónico sea más pausado”.
En agosto de 2006 se aplicó la PILA, no solo para “reducir” costos, dice el Ministerio, sino para combatir la evasión y elusión de aportes a la salud social, las empresas con más de 1.500 trabajadores fueron las primeras en entrar en vigencia.
El Gobierno no vislumbra que para los trabajadores independientes, que reciben un salario mínimo legal vigente (suma irrisoria), es imposible hacer un aporte adicional a pensión por el costo que representa y que comparado con lo recibido, proporcionalmente es irracional.
Es un sofisma lo planteado por el Gobierno y el Ministerio de la Protección Social, cuando hablan de “facilitar” a los trabajadores el aporte de salud y pensión. Aquí lo único que va ha suceder es que miles de personas quedarán desprotegidas por culpa de éstas políticas arbitrarias.
La preocupación radicaba en que sí se imponía el pago de pensión, existiría una desafiliación masiva de aproximadamente 400 mil cotizantes que no poseen los recursos para asumir aportes pensiónales. La ley se aprobó con beneficios para los pensionados y el gobierno la objetó en enero pasado, sin importar las consecuencias.
Carlos Jórge Rodríguez viceministro Técnico, explicó la improvisación del proyecto y argumentó que no ha sido falta de planificación sino que “el mecanismo de plantilla asistida, al cual los operadores y el Ministerio le están dedicando esfuerzos en cuanto a su difusión para que sea asimilado por las personas que tengan que hacer uso de él, y su ingreso al sistema electrónico sea más pausado”.
En agosto de 2006 se aplicó la PILA, no solo para “reducir” costos, dice el Ministerio, sino para combatir la evasión y elusión de aportes a la salud social, las empresas con más de 1.500 trabajadores fueron las primeras en entrar en vigencia.
El Gobierno no vislumbra que para los trabajadores independientes, que reciben un salario mínimo legal vigente (suma irrisoria), es imposible hacer un aporte adicional a pensión por el costo que representa y que comparado con lo recibido, proporcionalmente es irracional.
Es un sofisma lo planteado por el Gobierno y el Ministerio de la Protección Social, cuando hablan de “facilitar” a los trabajadores el aporte de salud y pensión. Aquí lo único que va ha suceder es que miles de personas quedarán desprotegidas por culpa de éstas políticas arbitrarias.
